SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO NOBOA BEJARANO, EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, a usted, atentamente, digo:

La señora Ministra Fiscal General del Estado me ha hecho extensiva la instrucción fiscal N°006-03, originada en la denuncia presentada por la renegociación de la deuda externa, fundamentándose principalmente en lo siguiente:

1. Que al crear la Comisión Negociadora de la Deuda Externa violé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control que ordena que las negociaciones de la deuda externa las debe realizar el Ministro de Economía.

Al respecto, de manera reiterativa he señalado que la creación de la Comisión tiene sustento en la Constitución Política de la República y en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. El fundamento es simple: la Constitución reserva al Presidente de la República la forma de organizar la Función Ejecutiva y le da la posibilidad de crear, modificar, o extinguir órganos administrativos y de traspasar competencias de unos a otros. Es la consecuencia del régimen presidencialista.

No es verdad por tanto que las competencias asignadas por ley a funcionarios públicos determinados, cuando estos forman parte de la Función Ejecutiva no puedan ser modificadas o asignadas a otras entidades por decreto ejecutivo.

Incluso el Presidente puede modificar Decretos Supremos cuando las materias se refieren a ámbitos propios de la organización administrativa, tal como lo ha señalado expresamente el señor Procurador General del Estado oficio N°26180 de 26 de septiembre de 2002 y tal cual consta del Decreto Ejecutivo N°3390 publicado en el Registro Oficial N°719 de 5 de diciembre de 2002.

Jamás el ejercicio pleno de competencias constitucionales y específicas previstas en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva puede dar lugar al establecimiento de responsabilidades penales.

En el caso específico de creación de la Comisión Negociadora, dispuse que ésta tenga determinadas funciones y que obrara en coordinación con el Ministro de Economía.

Si es el Ministro de Economía quien pone a mi consideración la suscripción del Decreto Ejecutivo N°618, es evidente que yo debí presumir que la coordinación existió y que la Comisión Negociadora cumplió su cometido en debida forma. Por tanto, mal puede imputárseme a mí responsabilidad por lo que la Comisión obró en coordinación con el Ministerio de Economía y dentro de los límites previstos en el decreto de creación de la Comisión.

De hecho, yo no ordené que se excluya al Ministro de Economía de las tareas de renegociación; la Comisión únicamente se limitó según el decreto a preparar acuerdos preliminares. Los acuerdos preliminares se formalizaron o cumplieron de acuerdo con las facultades de funcionarios competentes del Ministerio de Economía.

¿Qué responsabilidad puedo yo entonces tener, al tenor de lo que consagra el artículo 176 de la Constitución?

2. Que el Presidente no ha controlado las acciones y actuaciones de la Comisión negociadora de la deuda.

El órgano de control de las actividades de los Ministros de Estado es la Contraloría General del Estado. El Presidente de la República no puede ser responsable de aquellas actuaciones que él no dispuso ni ordenó.

El Presidente de la República no ha ordenado que se utilicen remantes de bonos para apuntalar al Banco del Pacífico o para asignarlos al Filanbanco. El Presidente de la República no ha dispuesto que se paguen honorarios a Salomón Smith Barney. El Presidente de la República no ha ordenado aumentos de créditos para a Función Judicial.

No existe evidencia documental de que la Comisión Negociadora haya dispuesto tales hechos y lo que es más, no existe ninguna evidencia de que tales hechos hayan sido ordenados por el Presidente de la República, los que además no habría podido hacerlo en razón de que carece de competencia para ello.

El artículo 176 de la Constitución Política de la República señala que los Ministros de Estado son responsables de sus actos.

Por tanto, no se puede imputar al Presidente de la República la conducta de otros funcionarios de Estado. Hacerlo es desconocer el principio de responsabilidad de todos los funcionarios públicos.

3. Que el Presidente de la República asumió el compromiso de asignar remanente de los bonos globales para incrementar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.

El compromiso regulado como fuente de obligaciones jurídicas en la Ley de Presupuestos del Sector Público constituye un concepto jurídico muy diferente al compromiso “político” que puede asumir un Presidente de la República para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Yo comprometí el apoyo de mi gobierno a la Corte Suprema de Justicia hace varios años.

El Presidente de la República no conoce detalles de negociaciones ni menos la procedencia de recursos o si para el cumplimiento de compromisos de gobierno se cumplen las formalidades legales: ello compete a los Ministros encargados y a los funcionarios competentes. Allí es donde reside el principio de las competencias propias de los diversos órganos públicos.

El Presidente de la República no conoce detalles ni la procedencia de los recursos necesarios para mejorar la infraestructura física de la Corte Suprema de Justicia, ni ordenó ni dispuso se cometa alguna irregularidad.

Por todo lo expuesto, sírvase usted, señor Presidente, rechazar por improcedente el pedido que le ha efectuado la señora Ministra Fiscal General del Estado.

Finalmente acompaño copias de todos los escritos que he presentado en la fiscalía, explicando en detalle cada una de las imputaciones que se me han efectuado, las que no obstante, estimo no han sido debidamente estudiadas por la señora Ministra Fiscal General del Estado. Acompaño así mismo, en mi defensa, un ejemplar del Libro “Respuesta a una infamia”, que contiene alegaciones adicionales en mi defensa.

Recibiré notificaciones en el casillero judicial N°2448 en la ciudad de Quito.

Es justicia, etc.