SEÑORES MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO, ex Presidente Constitucional de la República, a ustedes, dentro de la instrucción fiscal iniciada como consecuencia de la denuncia presentada por el ingeniero León Febres Cordero, diputado de la República, a ustedes, atentamente, digo:

En virtud del sorteo de ley les ha correspondido conocer de la apelación presentada por la señora Ministra Fiscal General del Estado a la providencia expedida por el doctor Armando Bermeo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que negó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.

La apelación presentada y el haber dispuesto sea conocida por ustedes es absolutamente contraria a lo que disponen la Constitución Política de la República y el Código de Procedimiento Penal, como paso a explicar, razón por la cual es procedente que ustedes se inhiban de conocerla:

I

FALTA DE COMPETENCIA DE LA SALA PARA RESOLVER ESTE RECURSO DE APELACIÓN.

1. El Código de Procedimiento Penal señala en el artículo 3 que nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por la Ley:

“Art. 3.- Juez natural.- Nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por la ley”.

2. El mismo Código procesal señala en el artículo 19 que en materia penal la competencia nace de la Ley, la misma que es improrrogable:

“Art. 19.- Legalidad.- La competencia en materia penal nace la de la Ley”.

“Art. 20.- Improrrogabilidad.- La competencia en materia penal es improrrogable, excepto en los casos expresamente señalados en la ley”.

3. El artículo 33 del citado cuerpo legal establece que habrá lugar a la acción de nulidad cuando se obre sin competencia:

“Art. 330.- Causas de nulidad.- Habrá lugar a la declaración de nulidad, en los siguientes casos:

1. Cuando el juez o el tribunal penal hubieren actuado sin competencia...”.

4. Tratándose del recurso de apelación en los procedimientos especiales en razón del fuero, las competencias de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia están claramente determinadas en el Código de Procedimiento Penal y especialmente en el artículo 380: las Salas de lo Penal son competentes para conocer, tratándose del recurso de apelación, únicamente del auto de sobreseimiento o del de llamamiento a juicio.

“Art. 380.- Apelación.- Las partes podrán interponer el recurso de apelación del auto de sobreseimiento o del de llamamiento a juicio para ante la Sala de la Corte Superior o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que se determine por sorteo.
EI recurso de apelación se sustanciará de acuerdo a lo previsto en la sección segunda del Título Cuarto del Libro Cuarto de este Código.
De lo que resuelva la sala sobre el recurso de apelación, no habrá recurso alguno”.

5. Tratándose del recurso de apelación, las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia carecen de competencia para resolver sobre cualquier otra actuación del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hacerlo significaría obrar contra ley expresa y violar las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución Política de la República, artículo 24, especialmente los numerales 1 y 11, así como el principio de legalidad consagrado en el artículo 119 de la Constitución:

“Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:

1. Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento...”

“...11. Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto”.

PETICIÓN.

Como consecuencia de lo anterior, solicito a la Sala inhibirse de conocer la apelación presentada, por carecer de competencia para ello.

II

DE LA IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LAS PROVIDENCIA QUE NIEGAN PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN RAZON DE FUERO

6. La libertad personal es una de las garantías fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos que la Constitución Política del Estado reconoce en el artículo 23 numeral 4.

7. La privación de la libertad de un ciudadano constituye una medida excepcional, que puede ser dictada en estricto apego a la Constitución y la ley. En materia penal, la privación de la libertad constituye una de las denominadas medidas cautelares.

8. El Ministerio Público en la sustanciación de esta instrucción fiscal, que involucra a un ex Presidente de la república que goza de fuero de Corte Suprema, debe sujetarse estrictamente a lo dispuesto en la Constitución y la ley y específicamente en este caso a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, artículo 376 y siguientes, que señala lo siguiente:

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO POR RAZON DEL FUERO
“Art 376.- Fuero y competencia.- Cuando se deba juzgar penalmente a funcionarios que por mandato de la ley gozan de fuero de Corte Superior o de Corte Suprema de Justicia, el Ministro Fiscal del Distrito o el Ministro Fiscal General, según el caso, llevarán adelante la etapa de instrucción, de acuerdo con las normas generales de este Código, en lo que fueren aplicables”.

9. Corresponde entonces dilucidar cuáles son las normas generales que en materia de apelación deben aplicarse: si las generales contenidas en los artículos 172 y 343, o la especial contenida en el artículo 380.

10. El Código de Procedimiento Penal en su versión inicial consagró en el artículo 172, en una norma aplicable en general a los procesos penales, que “El imputado o el fiscal, pueden apelar de las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente, por el juez o tribunal, ante el superior de quien dictó la medida, La impugnación no tendrá efecto suspensivo.”

11. Con la reforma que rige a partir del 13 de enero del 2003, el artículo se restringió, en cuanto a las posibilidades de apelación, en casos generales, únicamente a la orden de prisión preventiva impuesta o negada, esto es, pasó en general de las medidas cautelares únicamente a la prisión preventiva. Esto es especialmente importante ya que queda de manifiesto el criterio de que las medidas cautelares son excepcionales y no son la norma general. La tendencia del legislador es precisamente en el ámbito restrictivo.

12. El artículo 343 del Código de Procedimiento Penal, inserto en la parte general, determina los casos en que cabe la apelación, señalando 7 supuestos:

Auto de sobreseimiento
Auto de llamamiento a juicio
Autos de inhibición, de prescripción y de inhibición por incompetencia
Medidas cautelares impuestas o negadas por el juez o tribunal
Sentencia de acción privada
Sentencia sobre la reparación del daño
Sentencia en el proceso abreviado.

13. Estas normas generales del proceso penal se modifican sustancialmente en cierto tipo de procesos, los cuales tiene un tratamiento especial y que precisamente se regulan a partir del Título V del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, que trata de los procedimientos especiales, entre los cuales se incluyen el procedimiento abreviado, el procedimiento de acción privada, el procedimiento por razón del fuero y el procedimiento para los delitos cometidos mediante los medios de comunicación social.

14. Tratándose del procedimiento por razón del fuero, entre los que se incluye aquellos que se siguen en contra de un Ex Presidente de la República, el artículo 380 regula aquellos casos en los cuales cabe la apelación, limitándose al

Auto de sobreseimiento y al
Auto de llamamiento a juicio

15. Si se compara el artículo 343 con el artículo 380, es incontrastable que ambos se refieren a la apelación, en el primer caso estableciendo su procedencia para 7 supuestos, en tanto que en el segundo caso, para únicamente 2 supuestos. Es evidente entonces que existe una aparente contradicción entre las dos disposiciones.

16. La aparente contradicción no es tal. La razón es sencilla. El tratamiento legal del procedimiento especial por razón de fuero ha previsto que la apelación tratándose de estos casos excepcionales, se limite a dos supuestos, sin que sea aplicable en consecuencia el artículo 343 que consagra otros 5 supuestos. Tanto es esto así, que el artículo 380 inciso segundo, luego de establecer la restricción, nos remite, para la sustanciación, no para la determinación del derecho, a las normas generales previstas en la sección 2° del Título IV del Libro IV del Código Procesal.

17. La explicación para esta restricción es simple. Tratándose de casos de fuero, una orden de prisión puede significar la remoción de sus cargos de altos funcionarios del Estado, lo cual puede traer graves consecuencias para la administración pública en general. Este sentido o razón de la restricción subsiste para aquellos casos en que los funcionarios han dejado sus cargos, lo cual constituye una consideración especial del legislador a los altos cargos desempeñados.

18. Al haber planteado la apelación, contraviniendo los artículos 380 y 15 del Código de Procedimiento Penal e inaplicando el artículo 18 de la Constitución Política de la República, la señora Ministra Fiscal General del Estado ha violado la ley, al igual que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al haber dispuesto que pasen los autos a una de las Salas de lo penal de la Corte Suprema de Justicia.

19. La Constitución Política de la República señala en el artículo 18 los principios de interpretación constitucional:

“Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos.

No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos.
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.

20. Por su parte, el Código Penal consagra también los principios de interpretación de las normas penales, los cuales son concordantes con lo previsto en los artículos 18 de la Constitución y 15 del Código de Procedimiento Penal:

“Art. 4.- Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la Ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo.

21. Este mismo principio sigue el actual Código de Procedimiento Penal cuando consagra el principio de interpretación restrictiva siguiente:

“Art. 15.- Interpretación restrictiva.- Todas las disposiciones de esta ley que restringen la libertad o los derechos del imputado o limitan el ejercicio de las facultades conferidas a quienes intervienen en el proceso, deben ser interpretadas restrictivamente.

III

DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

22. La Constitución Política de la República consagra en el artículo 24 numeral 17, como una de las garantías del debido proceso, la denominada tutela judicial efectiva:

“Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia...”

“...17. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.

23. La documentación que ha sido enviada por la señora Ministra Fiscal General del Estado al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y que ahora les ha sido enviada a ustedes, me deja en indefensión, en razón de que no contiene todos los escritos de descargo que he presentado, lo que les impide analizar todos los elementos que han rodeado este absurdo proceso y en consecuencia les impide analizar en profundidad el caso sometido a su análisis. Por esta razón, me permito acompañarles copia de los escritos que he presentado y que desvirtúan uno a uno los argumentos de la señora ministra Fiscal General del Estado, quien ha obrado, conforme lo he señalado anteriormente, bajo las presiones del denunciante. Basta con revisar, señores Magistrados las informaciones de prensa del día 5 de julio del año 2003 y especialmente las aparecidas en el Diario Expreso, según las cuales el diputado denunciante amenazó con enjuiciar políticamente a la señora Ministra Fiscal General si ella no actuaba según sus intereses, los cuales en ese momento eran hacer extensiva la instrucción fiscal en mi contra. Fruto de esas amenazas, efectuadas públicamente el día 4 de julio del 2003 en la mañana, ese mismo día en horas de la tarde, la señora Ministra Fiscal General hizo extensiva la instrucción fiscal en mi contra, con argumentos jurídicos inconsistentes.

24. No deben ustedes perder de vista, señores Magistrados, que la denuncia tiene relación con la adopción de una decisión de política económica que no le ha causado al país ningún perjuicio. Al contrario, fue una decisión de política económica que le ahorró al país cerca de tres mil millones de dólares. El denunciante cuestiona la política económica por el hecho de que no se siguió una facilidad petrolera, que en aquella época era imposible no sólo por la expresa prohibición del Acuerdo que se había suscrito con el Fondo Monetario Internacional, sino porque las condiciones del Ecuador, que había pasado de una moratoria en el pago de la deuda externa, no se lo permitía. Y es que además, aún cuando hubiera sido posible, jamás una decisión económica puede per se dar lugar al enjuiciamiento penal de un ex Presidente de la República si no se configuran los elementos de algún tipo penal.

25. En este caso no sólo que no existe peculado sino que además el Decreto Ejecutivo N°465 que le ha servido a la señora Ministra Fiscal General del Estado para involucrarme, constituye el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 171 numeral 9 de la Constitución y la repetición textual del artículo 10 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, lo cual demuestra claramente que la señora Ministra Fiscal General del Estado ha obrado por presiones políticas. En efecto, se me involucra por el hecho de haber creado una Comisión Negociadora de la Deuda Externa y haber dispuesto que ella obre en coordinación con el Ministro de Economía conforme a las políticas dictadas por el Presidente de la República. Veamos que dice el Estatuto señalado:

“Art. 10.- SUBORDINACION JERARQUICA Y POLITICA.- Todos los órganos y autoridades de la Administración Pública Central que conforman la Función Ejecutiva se hallan sometidos a la jerarquía del Presidente de la República y a la de los respectivos ministros de Estado.

Las entidades y empresas que conforman la Administración Pública Institucional deberán desarrollar sus actividades y políticas de acuerdo a los planes y decisiones del Presidente de la República y de los respectivos ministerios de Estado”.

26. ¿Cómo se explica entonces que sea precisamente una disposición del Estatuto la que le permita a la señora Ministra Fiscal General del Estado involucrarme en este tema? Sólo la persecución política lo explica.

27. Además, ¿cómo se explica que el actual Presidente de la República haya creado una Comisión para el cobro de deudas a la Banca Pública? Precisamente en la facultad constitucional y legal de organizar las instituciones que forman parte de la Administración Pública Central, tal como lo dispone el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución.

Por todo lo expuesto, sírvanse ustedes inhibirse de conocer este recurso. En subsidio, sírvanse ustedes rechazar el pedido de la señora Ministra Fiscal General del Estado, por no existir indicios de que se ha cometido un delito y porque no existen indicios de que Gustavo Noboa Bejarano hubiera tenido alguna actuación contraria al ordenamiento jurídico del Estado.

Por el peticionario, como su abogado defensor debidamente autorizado,

Es justicia, etc.,

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
REG. 6998