GUSTAVO NOBOA BEJARANO, dentro de la indagación previa N°099 que ante usted se sigue, atentamente, digo:

EL DENUNCIANTE HA ACUSADO A LA COMISION DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO NACIONAL DE HABER PRESIONADO AL CONSUL DEL ECUADOR EN NUEVA YORK, SR. HOLGUIN, PARA QUE DIGA LA VERDAD QUE A EL LE INTERESA. UNICAMENTE LE FALTO DECIR CUAL HA SIGO EL MEDIO DE PRESION EMPLEADO.

En información transmitida por varios medios de comunicación el día 3 de julio del 2003, el denunciante ha afirmado que el denominado Dealer Management Agreement no habría sido suscrito el día 26 de julio del 2000, sino en el mes de agosto de ese año.

Para sustentar su afirmación ha señalado que la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional ha presionado al Cónsul del Ecuador en Nueva York, señor Holguín.

El denunciante ha insistido además que ya es hora de que la Fiscalía actúe, en razón de los según, según él, incontrovertibles documentos presentados.

Por cuanto una vez más el denunciante construye sus teorías sobre falsedades, me veo en la necesidad de señalar lo siguiente:

1. Como es de conocimiento público, la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional se encuentra efectuando una investigación sobre los hechos denunciados.

2. La investigación de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional no es jurídica sino política. Tan política es la investigación que realiza que ninguno de los actos de investigación me ha sido notificado, lo que vicia de nulidad todas sus actuaciones *.

NOTA *: Tal cual consta de una reciente certificación emitida por el Secretario de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso Nacional, dentro de la instrucción fiscal N°006-03, que consta en oficio N° de de de 2003.

3. La Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional se encuentra integrada mayoritariamente por diputados del partido político del denunciante, quienes bajo la presión y el medio que les impone el denunciante se ven obligados a su vez a presionar a quienes acuden a su llamado **.

NOTA **: Una evidencia es la reciente visita efectuada por varios legisladores a la señora Ministra Fiscal General del Estado el día lunes 1 de diciembre de 2003, según lo reportó el Noticiero Televistazo, tan pronto se conoció que el informe de la Contraloría General del Estado no inculpaba al ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano.

4. Tan cierto es lo que menciono que el propio denunciante ha señalado que el cónsul Holguin ha dicho la verdad que al denunciante le interesa, en razón de las presiones que ha tenido que ejercer la Comisión.

5. Todos sabemos que las presiones se ejercen a cambio de ilegales ofrecimientos de inmunidad, tal como ocurrió con el ex Ministro de Economía Luis Iturralde y con la ex funcionaria Fabiola Calero y a cambio de no perseguirlos políticamente ni acusarlos.

6. Las actuaciones que la Comisión de Fiscalización realiza son irrelevantes jurídicamente para el Ministerio Público, tal como lo ordena el Código de Procedimiento Penal, ya que para esta institución del Estado únicamente tienen valor probatorio las actuaciones que directamente realiza. Por tanto, el denunciante puede cansarse de presentar y entregar documentos y declaraciones obtenidas mediante presión, ya que tales documentos obtenidos bajo presión carecen de valor jurídico.

7. De otra parte, el denunciante insiste en que yo soy el responsable de todo lo actuado por el hecho de haber expedido el Decreto Ejecutivo No. 465 de creación de la Comisión Negociadora de la Deuda y por el hecho de haber dispuesto que ésta debía obrar de conformidad con las políticas adoptadas por el Presidente de la República.

8. Como ya he explicado en varias ocasiones, los funcionarios públicos así como las funciones de Comisiones creadas especialmente para determinados fines, deben realizarse, por mandato legal, de conformidad con las políticas del Presidente de la República. Es la llamada subordinación jerárquica que consigna el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en el artículo 10:

“Art. 10.- SUBORDINACION JERAQUICA Y POLITICA.- Todos los órganos y autoridades de la Administración Pública Central que conforman la Función Ejecutiva se hallan sometidos a la jerarquía del Presidente de la República y a la de los respectivos ministros de Estado.

Las entidades y empresas que conforman la Administración Pública Institucional deberán desarrollar sus actividades y políticas de acuerdo a los planes y decisiones del Presidente de la República y de los respectivos ministerios de Estado”.1

9. De otra parte, ya en el plano específico, las políticas a las que se refiere el Decreto de creación de la Comisión Negociadora de la Deuda son las que aparecen consignadas en la Carta de Intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional en el mes de abril del año 2000.

10. Adicionalmente, el denunciante afirma que yo he mentido al país respecto de la fecha de suscripción del contrato que supuestamente no se firmó en la fecha indicada por el cónsul Holguín.

11. Miente nuevamente el denunciante, ya que lo que yo he afirmado es que el Presidente de la República no se encarga de los detalles de ejecución de los Decretos Ejecutivos que suscribe. Puesto que los actos de los funcionarios públicos gozan de la presunción de legitimidad, yo no he tenido motivos para dudar de documentos públicos a los que eventualmente he hecho referencia.

12. En la parte final del Decreto Ejecutivo N°618 dispuse expresamente que de la ejecución del decreto debía encargarse el Ministro de Economía y Finanzas. Como es obvio, un Presidente de la República no puede encargarse de los poderes que funcionarios competentes entregan a otros funcionarios para determinados fines. El Presidente de la República no conoce ni tiene por qué conocer ni los detalles de la ejecución de los decretos ni los términos o condiciones bajo los cuales éstos se emiten. Hacerlo sería invadir el ámbito de competencias de la Contraloría General Estado, único órgano competente para establecer responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal por el ejercicio de funciones públicas, por expreso mandato del artículo 212 de la Constitución Política del Estado.

13. Parece que el denunciante ya no recuerda cómo funciona el ejercicio de poder y parece que ha olvidado –o nunca conoció- que la administración pública se ejerce de conformidad con el principio de legalidad y conforme a las normas sobre competencia, lo que exige eliminar la arbitrariedad.

14. Los funcionario públicos obran de conformidad con las competencias que la ley les otorga bajo ciertos principios y entre ellos los de jerarquía, celeridad, eficiencia y transparencia.

15. Si el contrato al que hace referencia el denunciante no su hubiera suscrito el día que en él se menciona, más allá de que no debe confundirse la fecha de suscripción de un contrato con la fecha de vigencia del mismo, cosas totalmente diferentes, la responsabilidad por tal hecho, en el evento de que hubiera alguna, le corresponde al funcionario que obró de tal forma y de ninguna manera al Presidente de la República.

16. Ahora ocurre, según el denunciante, que cuando yo firmé el decreto de creación de la Comisión Negociadora yo preví que debía suscribirse un contrato determinado con determinada empresa el día 26 de julio del año 2000 y resulta que yo dispuse que tal contrato debía suscribirse un determinado día y fechado en otro y que además yo dispuse que debía hacérselo a través de un cónsul que se prestaría para tal hecho. Más allá de lo absurdo de la construcción lógica del denunciante, ¿qué interés o utilidad podía obtenerse de supuestamente antedatar un contrato?

¡Ya basta de tanta prestidigitación y ya basta de tanto malabarismo!

Es justicia, etc.,

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO
EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

AB. JOFFRE CAMPAÑA
REG. 6998