SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DR, GUSTAVO NOBOA BEJARANO, dentro de la instrucción fiscal, expediente 49-2003, que se sigue como consecuencia de la renegociación de la deuda externa, a usted, atentamente, digo:

El día 16 de febrero de 2004, la señora Ministra Fiscal General del Estado le ha remitido todo el expediente correspondiente a la instrucción fiscal N°010-2003, en que se imputa como autor del delito de peculado en virtud de mi participación en el proceso de renegociación de la deuda externa y específicamente por el hecho de haber suscrito los Decretos Ejecutivos N°465 de 5 de junio de 2000 y N°618 de 26 de julio de 2000, mediante los cuales dispuse la creación de una comisión negociadora de deuda externa y autoricé el canje de bonos brady por bonos globales. En la Corte Suprema el expediente tiene número 83-2003.

Días después, el señor Fiscal General del Estado, subrogante, le remitió todo el expediente correspondiente a la instrucción fiscal N°006-2003, en que se me imputa como responsable de autor del delito de peculado en virtud de mi participación en el proceso de renegociación de la deuda externa y específicamente por el hecho de haber suscrito los Decretos Ejecutivos N°465 de 5 de junio de 2000 y N°618 de 26 de julio de 2000, mediante los cuales dispuse la creación de una comisión negociadora de deuda externa y autoricé el canje de bonos brady por bonos globales. En la Corte Suprema el expediente tiene número 49-2003.

En ambos casos, se trata de configurar el delito de peculado en virtud del uso de remantes de bonos globales, destinados unos para el pago de honorarios a Salomón Smith&Barney, y otros para los Bancos de propiedad estatal Pacífico y Filanbanco. En ambos casos, así mismo, el fundamento para las acusaciones es la supuesta premeditación por el hecho de haber autorizado la emisión de bonos globales en un monto mayor al requerido para el proceso de canje *.

* Aún cuando existe un error conceptual profundo en las imputaciones.

En definitiva, por un mismo acto, supuestamente doloso, se me siguen dos procesos penales, lo cual constituye una violación evidente a la Constitución Política de la República y específicamente a las garantías del debido proceso, como paso a demostrar:

La Constitución que nos rige señala lo siguiente:

“Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución”. (El resaltado es mío).

“Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos.
No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos.
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:
...26. La seguridad jurídica.
27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones”.

“Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:
...16. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa.

17.Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.

Como se puede apreciar de las normas citadas, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar que el debido proceso, que constituye una garantía fundamental, sea efectivamente respetado. Para ello se ha consagrado entre otras instituciones jurídicas la de la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa que el derecho a acceder a los órganos judiciales para obtener el efectivo reconocimiento de los derechos, en un tiempo razonable.

Es inadmisible que en el presente caso, por un mismo acto, se me inicien dos procesos penales, lo cual viola abiertamente la garantía consagrada en el artículo 24 numeral 16 y significa un desconocimiento de la seguridad jurídica.

Por las razones expuestas, sírvase usted, señor Presidente, con fundamento en las normas constitucionales citadas, disponer la acumulación de las causas iniciadas, 83-003 y 49-2003 y así evite que se me juzgue dos veces por los mismos hechos.

Para el efecto, dispondrá que todo se acumule en el expediente 83-2003.

Por el peticionario, como su defensor debidamente autorizado,

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
REG. 6998 C.A.G.