La conclusión de la Contraloría General del Estado, que es la consecuencia del ejercicio pleno de la facultad prevista en el artículo 212 de la Constitución Política de la República, es de cumplimiento obligatorio y vinculante, esto es, debe ser acatada en este caso por la Fiscalía General del Estado.

En efecto, al redactarse la Constitución que nos rige, en el año 1998, la Asamblea Constitucional debatió la propuesta presentada por el Dr. Hernán Pérez Losse, en el sentido de que era necesario evitar que el Ministerio Público se convirtiera en un instrumento de persecución a los Magistrados y demás funcionarios públicos.

La persecución al Presidente de la República se evitaría con el necesario juicio político previo, en tanto que al resto de funcionarios concediendo a la Contraloría General del Estado la facultad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como para establecer indicios de responsabilidad penal.

De esta manera el sistema de establecimiento de responsabilidades exigía que de forma previa al inicio de una indagación previa o de una instrucción fiscal en contra de alguna persona como consecuencia de actividades cumplidas en el ejercicio de una función pública, fuese la Contraloría General del Estado, como único Juez de Cuentas, la que determinase los indicios necesarios para poner en movimiento el aparato estatal sancionador en materia penal.

Este sistema diseñado por el Asambleísta no fue sin embargo el que ha seguido la Fiscalía General del Estado.

En efecto, sin que de forma previa haya existido pronunciamiento de la Contraloría General del Estado, y sin juicio político previo, el Ministerio Público dio inicio a una indagación previa y a dos instrucciones fiscales. La indagación por la mega negociación, esto es, por el proceso mismo de renegociación, en la que se me acusó de haber perjudicado al país en cerca de nueve mil millones de dólares. Las instrucciones fiscales se iniciaron la primera en razón del pago de honorarios a la firma Salomon Smith Brady; la segunda, por el hecho de haber evitado que dos bancos estatales colapsaran, en una decisión responsable y valiente del ingeniero Jorge Gallardo, ex Ministro de Economía y Finazas, que no sólo que evitó la caída de dichos bancos, sino que además evitó que el país asuma la garantía de depósitos por casi doscientos millones de dólares.

La indagación previa no sólo que no ha prosperado, es decir, no se convirtió en instrucción fiscal, sino que inclusive en ella reposan testimonios fundamentales que demuestran que no hubo tal perjuicio de nueve mil millones de dólares, sino que además, en un análisis financiero elaborado de manera imparcial, se ha constatado que efectivamente la renegociación fue un éxito.

Así, el día 25 de noviembre de 2003, el economista Pablo Lucio Paredes, profesional de gran prestigio en el país y sobre cuya imparcialidad e idoneidad nadie duda, en un testimonio rendido ante la señora Ministra Fiscal General del Estado, señaló lo siguiente:

“De las estimaciones que yo he hecho por interés profesional los resultados que he obtenido teniendo en cuenta diversos escenarios es que los bonos global representan para el país un pago inferior a los bonos brady en un monto comprendido entre aproximadamente trescientos millones de dólares y mil millones de dólares, esto calculado en valor presente...” ; “...Sin embargo, hay que estar conscientes que los mercados financieros y petroleros están muy estrechamente relacionados y que en consecuencia en valor presente lo que se hubiera obtenido vía una facilidad petrolera debía ser bastante similar a lo que se podía obtener vía otro tipo de negociación, como por ejemplo lo obtenido en los bonos global.”

Como se aprecia, un análisis financiero objetivo concluye que la supuesta facilidad petrolera, aun cuando hubiera podido realizarse, no era más favorable para el país, por lo que denunciar que por el hecho de no haberla efectuado el país perdió nueve mil millones de dólares no resiste el menor análisis.

De otra parte, y aún cuando el informe final emitido por la Contraloría General del Estado está lleno de errores conceptuales, como he dicho, me exculpa de cualquier responsabilidad civil y penal, imputándome únicamente una responsabilidad administrativa, por el hecho de haber conformado la Comisión Negociadora de la Deuda. Sin embargo, en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional publicada en el Registro Oficial del día 13 de noviembre de 2003, queda absolutamente esclarecido que la organización de la Función Ejecutiva constituye una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que la responsabilidad establecida quedará definitivamente dilucidada. Esta sentencia no fue conocida por los funcionarios de la Contraloría General del Estado al tiempo de la elaboración del informe. Estoy seguro que de haberla conocido no me habrían imputado la responsabilidad administrativa indicada.

Este segundo libro que hoy sale a la opinión pública tiene la clara intención de que el juicio de la historia cuente con todos los elementos necesarios para demostrar que en efecto, la denuncia presentada en mi contra y en contra de varios altos funcionarios de mi gobierno, fue simplemente el fruto del odio y de la persecución.

A lo largo de estas páginas el lector encontrará algunos de los alegatos presentados en mi defensa por los doctores Galo García Feraudd y Alfredo Barragánr y por el abogado Joffre Campaña Mora, fruto de largas horas de estudio, que constituyen, a no dudarlo, fuente importante de formación para los futuros abogados y por qué no, material de consulta en un país en el que lamentable se escribe poco y menos en temas de Derecho, situación que probablemente explique el por qué una gran cantidad de arbitrariedades son cometidas en las altas esferas del Poder.

Este libro incluye la petición de asilo al Excmo. Embajador de la República Dominicana y los varios escritos que apoyaron la petición.

Se incluyen también varios de los escritos presentados en mi defensa ante la Contraloría General del Estado.

Nota: La Carta de Intención suscrita con el FMI no lo permitía; además, el país se encontraba en moratoria en el pago de su deuda, lo cual tornaba casi imposible obtener una facilidad petrolera en los montos sugeridos en la denuncia.

Finalmente, la petición al Ministerio Público de que se acoja el informe realizado por la Contraloría, con lo cual se habrá dado fin a mi injusto procesamiento.

Sin duda el Ecuador vive horas negras de su historia. La prensa del día de hoy 9 de diciembre reseña la intención de algunos políticos de pactar la integración de las Salas de lo penal de la Corte Suprema y de negociar la designación del próximo Presidente de la Corte y del próximo titular del Ministerio Público. Estas discusiones públicas no hacen sino demostrar que el sistema de cooptación no ha funcionado y que la justicia continúa secuestrada por los políticos que auspiciaron mi procesamiento.

Santo Domingo, República Dominicana, diciembre del 2003.

Gustavo Noboa Bejarano
Ex Presidente Constitucional de la República.