Diario El Comercio Julio 01 de 2003
Respuestas de Raúl Vallejo
Por respeto a los lectores y lectoras, respondo a la
carta, del 26 julio, del ingeniero León Febres
Cordero. En primer lugar, la citación de las
fuentes es una práctica responsables, equilibrada
y profesional de un editorialista, pues así el
público puede sopesar la validez de una argumentación
partiendo de la credibilidad de las fuentes utilizadas.
Considero que citar las noticias del diario en donde
escribo es garantía de veracidad. En segundo
lugar, en el caso de la adquisición del edificio
de Filanbanco para la función Judicial, es necesario
dar a conocer lo que el mismo León Febres Cordero
dice en su comparecencia ante la Fiscal, el seis de
junio de 2003. En el punto dos, el ingeniero acusa al
ex ministro Arosemena de actuar de manera “irresponsable,
ilegal y casi deportiva” al autorizar el uso de
los valores depositados por el Banco Central para la
compra del edificio de marras. Al final de dicho párrafo,
Febres Cordero afirma: “Claro está que,
de aquella transacción, no se puede responsabilizar,
de manera alguna al beneficiario; pues, aquel manejo
económico y financiero es imputable exclusivamente
al Ministerio de Economía y Finanzas”.
El Propio ingeniero Febres Cordero exoneró de
toda responsabilidad al magistrado a quien ahora pretende
inculpar. En tercer lugar, la aprobación de la
adquisición del edificio para la Corte, según
el acta de la sesión del Consejo Nacional de
la Judicatura, del 19 de noviembre de 2002, fue consecuencia
de informe presentado por Enrique Tamariz, presidente
de la Comisión Administrativa Financiera, quien
junto a los magistrados de la Corte, Hernán Quevedo
Quintana, todos ellos con afinidad social cristiana,
se reunieron a Guayaquil, el 18 de noviembre de 2002,
con el ex ministro Arosemena, tres delegados del instituto
de seguridad de las Fuerzas Armadas, Issfa, dirigido
entonces por el general de brigada, Octavio Romero,
actual jefe del Comando Conjunto, y otras autoridades
para analizar “todos los aspectos relativos a
la transferencia del edificio de Filanbanco a la Función
Judicial”. En síntesis: 1.- No fue el Presidente
de la Corte como individuo sino el Consejo Nacional
de la Judicatura, previo informe de comisión
ad-hoc, el organismo que aprobó la compra del
edificio; 2.- ni a dicho Consejo, ni a su Presidente,
le competía indagar la procedencia de los recursos
que, según su comunicado al país, “necesariamente
deben presumirse lícitos por provenir del Presupuesto
General del Estado”; 3.- el ingeniero Febres Cordero,
declara a la Fiscal, que del origen de los fondos en
entredicho, “no se puede responsabilizar, de manera
alguna al beneficiario”. Yo, lectoras y lectores,
practico la ética de la información y
defiendo la dignidad de mi palabra crítica frente
al poder omnímodo.
Raúl Vallejo
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