El Universo (01/junio/2003)

Un delito difícil

Por Jaime Damerval

La oportunidad de pagar la deuda externa, en virtud de la venta de la reserva petrolera, también se dio en el gobierno de Sixto Durán-Ballén. Acaso esa fue la mejor oportunidad que tuvimos para hacerlo. La deuda ecuatoriana estaba a precio de alcantarilla y pregunto: ¿por qué entonces no se le reprochó siquiera, menos se imputó delito a dicho ex presidente? Esta es la prueba de la inconsecuencia de los que hoy acusan al presidente Noboa por no haber hecho lo que tampoco hizo el presidente Durán-Ballén.

La banca norteamericana, depositaria de pagarés de distintos países, había estado expuesta al grave riesgo de una mora colectiva, y obtuvo del gobierno de su país la emisión de los bonos Brady, y que los países deudores, Ecuador entre ellos, cambiaran sus viejos pagarés por estos bonos, cuya emisión requirió que cada país deudor constituyera en EE.UU. depósitos efectivos en garantía. Cuando en el gobierno de Noboa se planteó la sustitución de los bonos Brady por bonos Global oí decir que, reteniendo EE.UU. los depósitos en garantía de los bonos Brady, no era posible recomprarlos. ¿Fue esto verdad? En lo principal, siendo el problema la existencia de la deuda externa, en cualquier forma que haya estado y esté materializada: pagarés o bonos Brady o bonos Global, cualquiera de los gobiernos que se han sucedido pudo vender reserva petrolera para cancelarla.

El Ministerio Fiscal no debe dejarse empujar en la investigación y ha hecho bien en distinguir y analizar por separado las varias negociaciones que comprende la última renegociación: 1) El cambio de unos bonos por otros, es decir la renovación; 2) el contrato de comisión con esa empresa que tiene el nombre de un rey israelita acostumbrado a dividir para dos...; 3) La inversión de saldos en la capitalización de dos bancos del Estado. Para que tenga la gente una referencia al menos que le permita juzgar en principio por sí misma, ofrezco una regla para reconocer si un acto dudoso constituye delito: el autor debe tener la intención de causar daño (dolo). Sin dolo no hay delito. Es decir que un acto tiene su partida de nacimiento como delito y se gradúa como tal cuando está dotado de intención de dañar. Cuando el acto produce daño, pero ha sido realizado sin intención de dañar, resultando de la imprudencia, impericia o negligencia, no es delito y se purga pagando daños y perjuicios.

Las primera y tercera negociaciones señaladas no constituirían delito. El delito no puede originarse en un supuesto. Debió probarse, antes de denunciar: a) que el gobernante, mediante el canje de bonos, intentó causar daño al pueblo ecuatoriano –daño en el cual habrían consentido los tenedores de los bonos–; b) que la venta de la reserva petrolera: 1) fue realmente posible y 2) fue la única fórmula conveniente, sin lugar a otra opción.

Respecto de los saldos, fueron invertidos en bancos del mismo Estado, cuya capitalización sería de beneficio general. La denuncia luce infundada, y el denunciante, para ser consecuente, debió reclamar que el actual Gobierno pague de
contado la deuda externa mediante una facilidad petrolera.

Un delito solo tendría cabida en la contratación de la comisión, pero es difícil probar que un funcionario ecuatoriano compartió la monstruosa comisión –que dicen que es la usual– con la empresa bursátil estadounidense que intervino.