Quito, Martes 3 de Junio de 2003
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ANALISIS DE HOY
‘El debido proceso’

Las denuncias del ex presidente, actual diputado y líder del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero (LFC), en contra del ex presidente Gustavo Noboa y su equipo negociador de la deuda, no pudieron haber recibido más rápida respuesta de la ministra fiscal Mariana Yépez. Inmediatamente luego de la intervención de LFC en el Congreso, la fiscal abrió de oficio tres indagaciones previas: una por presunta recapitalización irregular de Filanbanco y Banco del Pacífico, otra por la renegociación de la deuda y, la tercera, por supuestas irregularidades en la contratación de la firma Salomon Smith Barney. En el primer caso, en apenas una semana se dictó la instrucción fiscal en contra de los ex ministros de Finanzas, Jorge Gallardo y Francisco Arosemena, así como de los miembros de la Comisión Negociadora del régimen de Noboa.
El Código de Procedimiento Penal permite a la fiscal esa actuación tan ágil. Sin embargo, mientras las denuncias de LFC, que ameritan un prolijo trabajo de la Fiscalía, toman pocos días para el paso de la indagación a la instrucción fiscal, en casos como el del sacerdote Carlos Flores, el de la red de corrupción con partidas especiales en la gestión del ex ministro Carlos Julio Emanuel, y varios más, la indagación previa, con la recolección de un sinfín de versiones, dura varios meses; pueden demorar hasta dos años, porque lo permite la ley.
La rapidez del paso a la instrucción en el caso de las denuncias de LFC hace que la fiscal, según el código mencionado, disponga de 90 días para emitir un dictamen. ¿Será tiempo suficiente para investigar los pasos tomados por el gobierno de Gustavo Noboa en la renegociación de la deuda?, ¿se llamará a todos los involucrados en las denuncias?
LFC dijo, durante su visita a la fiscal, que considera que Gustavo Noboa debería ir a la cárcel. Mariana Yépez, dos días después, pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia que solicitara autorización al Congreso para enjuiciar penalmente a Noboa. El titular de la Corte contestó que es improcedente el pedido de la fiscal, pues el Art. 130 de la Constitución solo habla de una autorización para presidente y vicepresidente de la República, y Noboa es un ex presidente. Es de suponer que la fiscal conoce la Constitución. Se buscaba tirar la pelotita del juicio penal a Noboa al Congreso, se ha dicho. En todo caso, la fiscal bien puede hacer una ampliación de su instrucción para involucrar a Noboa, o dictar otra instrucción que lo involucre.
Más de un sector de la opinión pública ha visto una presión del Partido Social Cristiano en este caso, más de un medio de comunicación ha caricaturizado a la ministra fiscal tomando nota de requerimientos políticos. Sin embargo, el país está pendiente del accionar de quien dirige el Ministerio Público, ente con altísima responsabilidad dentro del sistema procesal que ha consagrado el aún joven Código de Procedimiento Penal.
Yépez está llamada a actuar con la mayor cautela en un caso en el que la intencionalidad política está evidenciada. El país espera que la justicia actúe sin inclinar la balanza a ningún interés político, que, si acaso se configura un delito, se lo sancione sin sometimientos a presiones de cualquier índole, y que en este proceso legal reine lo que a los juristas les agrada llamar ‘el debido proceso’.