(El Comercio) Sábado, 21 de Junio del 2003

Por una justicia libre

¡Inaceptable! El doctor Armando Bermeo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, denunció: "He recibido insinuaciones, mensajes y presiones; e inclusive (el martes) con un emisario, amenazas que provendrían de uno de los principales dirigentes políticos".

¡Inadmisible! La noticia de EL COMERCIO, amparada en la confidencialidad de la fuente, según lo estipula el artículo 81 de la Constitución, añade: "En la Corte trascendió que las presiones provienen del Partido Social Cristiano y, específicamente, del ex presidente León Febres-Cordero". ¡Intolerable! La sola posibilidad de presiones y amenazas contra el Presidente de la Corte ya es grave, pues estaríamos ante la más siniestra de las prácticas políticas, la institucionalidad jurídica sería una ficción y los ciudadanos viviríamos extraviados en un laberinto kafkiano.

Nuestra democracia es débil porque, entre otros problemas, está sometida a la acumulación insaciable de poder económico, político y social por parte de un solo individuo.

Que los partidarios de los caudillos actúen dirigidos a través de un celular es negativo para la democracia pero se entiende como conducta de los áulicos. Ahora bien, que un caudillo tenga ingerencia en la administración de justicia de tal forma que los magistrados actúen según la voluntad de aquel, sería una conducta aberrante que haría de la inseguridad jurídica una práctica desvergonzada y que socavaría la estructura institucional de nuestro país.

La independencia y autonomía de la Función Judicial está consagrada en la Constitución, justamente para evitar la politización de las actuaciones de los jueces y la indefensión de éstos ante el llamado de diputados revestidos de inmunidad cuya actuación es básicamente política. ¿Por qué algunos diputados pretenden llamar, en las actuales circunstancias, a comparecer al Presidente de la Corte? ¿Para tratarlo con la grosería con la que trataron a Ramiro Larrea, presidente la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, activo de la reserva moral del país? ¿Para afectar la credibilidad y la limpia trayectoria de Bermeo, con el objetivo de destituirlo? En nombre de la institucionalidad, el Presidente del Congreso tiene la obligación de impedir estos intentos de amedrentar al Presidente de la Corte.

Despertar como Joseph K., en el proceso, de Franz Kafka, y verse sometido a un juicio en donde no se sabe el motivo por el que se es procesado es la situación literaria que simboliza la más espantosa de las pesadillas generadas por el totalitarismo.

Si en nuestro país el Presidente de la Corte Suprema de Justicia puede ser presionado y amenazado impunemente, entonces, los particulares, que carecemos de fuero, de inmunidad y de poder, estamos condenados a deambular en el laberinto sin salida del horror kafkiano. En nombre de la institucionalidad, el Presidente de la República tiene la obligación de proteger la integridad del Presidente de la Corte.

Los que se creen dueños del país, aquellos que querrían sembrar el miedo en los particulares, esos que han concentrado tanto poder en sus manos que resulta perjudicial para la democracia, pretenden un presidente de la Corte Suprema que favorezca a sus amigos, persiga a sus enemigos y, si le queda tiempo, haga justicia al resto. Ciudadanas y ciudadanos: ¿hasta cuándo aceptaremos que se quiera coartar la libertad de la justicia?