El Comercio Lunes, 23 de Junio del 2003

Peligros en la función pública

Por Enrique Echeverría G.

La tradicional sal quiteña acuñó este episodio: un caballero salió, a carrera tendida, desde el Palacio de Gobierno y cruzó rápidamente la Plaza de la Independencia. A la altura del Palacio Municipal, un amigo interrumpió y le preguntó por qué corre, por qué fuga. El caballero respondió: es que me quieren "coger" para ministro. Y continúo huyendo, despavorido. En los tiempos que cruzamos, ingresar a la alta función pública entraña riesgo muy grave. Si el "flamante" funcionario pretende enderezar las costumbres, introducir disciplina y jerarquía, halla resistencia de algunos burócratas o adversarios políticos; y, cuando menos espera, surge alguna denuncia de incorrección en alguno de sus actos.

Los denunciantes generalmente no afirman que el funcionario se ha beneficiado, o ha robado, simplemente aducen que ha incurrido en "irregularidades". Nuestra mente está presta para pensar en negativo y otorga a la "irregularidad" la categoría de robo, desfalco, peculado.

En los últimos tiempos el "peculado" se denuncia desde diversas fuentes. En 1938 se introdujo el delito de peculado. Conforme pasó el tiempo han ido creando nuevas formas. Por ejemplo: se atribuyó este delito a empleados del Banco Central y los del Estado; de los bancos privados y de las cajas de Previsión. Más tarde, a fiscalizadores de la Contraloría General, y de la Superintendencia de Bancos.

Últimamente, ante el desastre bancario se extendió este delito a los administradores, ejecutivos o empleados del sistema financiero, pero también a los miembros o vocales de los directorios de esas entidades, si hubieren abusado del dinero de los clientes.

Esta responsabilidad para los banqueros de alto nivel corresponde recién al año 1999. No debían aplicar esta norma a hechos anteriores al 13 de mayo de 1999.

Es ilustrativo, en este ámbito, lo que aconteció con dos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Quito, Dra. Ruth Amores Salgado y Dr. Washington Cevallos Salas, a quienes por no haber aplicado la ley de 1999, al juzgar un hecho anterior al año 1998, según aseguran en su fallo, les hicieron objeto de acusación y, finalmente, los destituyeron. La Corte Suprema encargó al Consejo de la Judicatura adoptar "medidas disciplinarias" y el Consejo, atendiendo el pedido, los sancionó sin darles oportunidad de defensa, como garantiza la Constitución Política en el Art. 24 numeral 10, según concluyen en el presente año 2003.

Ha transcurrido el tiempo y la Defensoría del Pueblo ha emitido criterio coincidiendo con la tesis jurídica de los ex magistrados y reprochando que no se les haya permitido la defensa.

Toda una trayectoria de vida correcta y honorable puede echarse a perder por ingresar al desempeño de funciones públicas. La denuncia se está convirtiendo en instrumento generalizado para tachar, combatir o liquidar a las personas. Tal vez por este peligro muchos ecuatorianos valiosos no aceptan cargos públicos, ya que el riesgo es no solamente salir de las funciones con la figura de un ladrón común y vulgar debido a las denuncias; sino, lo que es peor, fugando de la justicia ante la bastante fácil orden de prisión preventiva que emiten a base de la denuncia.

¿Vale la pena ser alto funcionario público?