Quito, sábado 5 de julio de 2003
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EL INVITADO DE HOY
El valor de la serenidad

Por Ricardo Noboa Bejarano*

Con motivo de la decisión, ciertamente firme de la economista Wilma Salgado, de iniciar y establecer un procedimiento público y coaccionante para recuperar las deudas que empresarios y personas naturales han venido manteniendo para con los bancos en manos de la AGD, se están produciendo en el país situaciones radicales que se deben analizar con ponderación. No cabe duda de que los sectores productivos más afectados con la crisis económica de 1998-1999 fueron los de la Costa. Camaroneros y bananeros, es decir cerca del 80% de nuestras exportaciones no petroleras, se vieron, por diversas razones, en dificultades para pagar sus deudas. Obviamente ello hizo, junto también a muchos créditos vinculados de dudoso origen, que la banca privada costeña afrontara una grave situación de iliquidez que nos llevó a los acontecimientos que todos conocemos. El Gobierno anterior tuvo que afrontar la crítica situación de los depositantes a los cuales se les había congelado su dinero. Miles de personas en las calles de Guayaquil, Quito y Cuenca reclamaban airadamente y, con razón, la devolución de sus depósitos. Padres y madres de familia, ancianos jubilados, estudiantes, se veían obligados a dejar sus ocupaciones para acercarse, piedra en mano, a la AGD para obtener la devolución de sus dineros. Poco a poco, con dificultades ciertamente pero con voluntad para concluir el proceso, las calles se fueron vaciando y la mayoría de los depositantes recuperó su dinero. Los depositantes de Filanbanco lo recibieron parte en efectivo y parte porque otros bancos abiertos asumieron la responsabilidad; los depositantes de la banca cerrada lo recibieron en su gran mayoría, quedando pendiente de pago aproximadamente un 12% del valor total adeudado inicialmente. Buena parte de la función de la AGD entre 2000 y 2002 se concretó a pagar a los miles de depositantes su dinero incautado. Y ahora, ciertamente, ha llegado el momento de recuperar para el Estado las enormes sumas gastadas y que deben ser devueltas por los originales deudores. El procedimiento elegido por la economista Salgado ha sido en algunos casos fulminante, efectivo y aparentemente demostrativo de que no existen compromisos. Pero el éxito producido, en muchos casos, lleva a los protagonistas a creer que están por encima del bien y del mal. Por encima de "dilatorios" procedimientos. Por encima de las normas generales del derecho. Porque en el Ecuador importa más lo popular que lo legal. Y muchas cosas, mientras son populares, y cuentan con el lente de la cámara, bien pueden hacerse. Incautarse de bienes de accionistas de los accionistas, prohibir la salida del país de directores que nunca actuaron o que renunciaron a sus funciones antes de la aprobación de créditos dudosos, aplicar la ley de instituciones financieras a deudores corrientes no vinculados a la administración de los bancos, cobrar créditos prescritos o inexistentes, llevarse papeles y registros a Quito dejando en absoluta desinformación a los interesados, y otros actos similares le van dando a la AGD un perfil totalitario, más próximo a la sovietización de sus procedimientos que a la aplicación dura e irrestricta de la ley pero en un estado de derecho. Creo que la AGD debe serenarse. Seguir adelante, sin duda. Pero enmendando varios de los serios abusos en que se está cayendo. Y recordando que a Robespierre, más que por su apodo de "incorruptible" se lo terminó conociendo en la historia como el promotor de la era del terror. Y no acabó muy bien que digamos.