El Universo (18/julio/2003)

De 9.000 millones a 126

Por Eduardo Castillo Barredo

Hace mes y medio, en artículo titulado ‘Prestidigitación e ilusionismo’, me referí al supuesto “atraco más grande de la historia”, ocurrido en la reestructuración de parte de la deuda externa de Ecuador, que terminó el año 2000. Ese supuesto “atraco” tenía como “cuerpo del delito” unos 9.000 millones de dólares, que no existían más que en la imaginativa hipótesis del denunciante. Tal era la parte principal de la denuncia, que la Ministra Fiscal General –pese a su buena voluntad y agilidad para tramitarla– no ha podido aún convertir en Instrucción Fiscal, ni –consecuentemente– imputar ni encausar a nadie ante el Presidente de la Corte Suprema por ese supuesto “atraco” de 9.000 millones. No le auguro mucho éxito si acaso intentara hacerlo en el futuro, porque no existe en el Código Penal ningún delito a cuya tipificación pueda ajustarse –por más buena voluntad y agilidad que se tenga para ello– esa pompa de jabón emanada de un acto de prestidigitación e ilusionismo admirable.

Pues bien, al final de aquel artículo de hace mes y medio, ofrecí que en otras ocasiones podría referirme a una cuestión distinta, secundaria o derivada, denunciada junto con la principal de 9.000 millones de dólares ilusorios. Esa cuestión distinta, que el público –mareado con el espectáculo– mezcla y confunde con la principal de 9.000 millones, es la relativa a los pagos o inversiones que hizo el Ministro de Economía y Finanzas, ya no el año 2000 ni para la reestructuración de deuda externa, sino el año 2001 y para otros fines –propios de su manejo económico y financiero–, con Bonos Globales que sobraron una vez que se terminó y se liquidó, con sus costos y gastos operativos, la reestructuración del año 2000. Esos bonos sobrantes sumaron en cifras redondas y en valor meramente nominativo, unos 126 millones de dólares.

Debo cumplir lo que ofrecí al final de aquel artículo y creo que ha llegado la ocasión de comenzar a hacerlo, ante la noticia del fallido intento de que el Presidente de la Corte Suprema ordene medidas cautelares, entre ellas la de prisión preventiva, contra el ex presidente de la República, Gustavo Noboa, como se lo solicitó la Fiscal General el 4 de julio actual. Esa solicitud se apoyó en la Instrucción Fiscal de 26 de mayo del presente año, que la Fiscal General resolvió contra el ministro de Economía y Finanzas, Jorge Gallardo y otros, por la cuestión secundaria o derivada que son los pagos o inversiones hechos el año 2001, con dinero proveniente de Bonos Globales sobrantes de la reestructuración de deuda externa que terminó el año 2000. Con esa Instrucción Fiscal se dio paso a un proceso judicial que la Fiscal General hizo extensivo al ex presidente Noboa por virtud de la misma providencia de 4 de julio en que solicitó su prisión preventiva. Falló en este propósito, pero logró dejarlo encausado ante el Presidente de la Corte Suprema, no porque este haya sindicado a Noboa, lo cual no ha ocurrido ni procede, sino porque la Fiscal General lo ha imputado, de acuerdo al nuevo sistema procesal.

Por el momento dejo planteadas así las cosas, para en el futuro seguirlas desarrollando, en procura de la verdad y para la mejor comprensión del público. Ya trataremos de ver por qué actuó así la Fiscal General, qué imputación se le hace, en lo sustancial y en el fondo, al ex presidente Noboa; y cuánto de razón jurídica tiene o no tiene esa imputación. El ovillo se ha venido enredando desde el principio, me parece que a propósito, y conviene al país que se lo vaya desenredando.