Quito, martes 29 de julio de 2003
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Escándalo con cola

Ayer, el ex presidente de la República, Gustavo Noboa, pidió asilo en la Embajada de República Dominicana porque se considera víctima de persecución política por parte del ex presidente León Febres Cordero, que le acusó del “más grande atraco de los 23 últimos años” en la renegociación de la deuda externa. Febres Cordero denunció con espectacularidad en el Congreso un supuesto perjuicio al Estado de $9 000 millones en el canje de Bonos Brady por Bonos Global.
Aunque Febres Cordero nunca precisó el tipo de delito que en esta operación se habría cometido, acusó por ella al equipo que negoció la deuda y a Noboa. La denuncia fue acogida, con inusual celeridad, por la fiscal general del Estado, Mariana Yépez que, enmarcando el supuesto ilícito en la figura de peculado, pidió prisión preventiva en contra del ex primer mandatario.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, negó la medida de apremio personal; empero, la Fiscal apeló de esta decisión y Bermeo aceptó el trámite de apelación, porque la ley lo obliga; en consecuencia, deberá decidir sobre la prisión preventiva, por sorteo, una de las dos salas de lo Penal.
En medio de todo esto, el presidente de la Corte Suprema denunció presiones políticas y amenazas, y la opinión identificó como los agentes de ellas a Febres Cordero y a los socialcristianos, que han desencadenado una campaña contra Bermeo. El máximo tribunal de la Justicia ha sido escenario de una lucha sin cuartel por la elección de dos magistrados para completar los 31 titulares de la Corte Suprema, con la mira puesta por el grupo de jueces afines al PSC en ganar uno más en la Segunda Sala de lo Penal, donde se ventilan causas de bulto, como la de la propia acusación de Febres Cordero o la de los ex dueños del Filanbanco. Llegó a tal grado la desvergonzada pretensión que hasta se propuso como candidato a magistrado de la Corte a un abogado de Febres Cordero.
Técnicos como Walter Spurrier han señalado que para decidir si el proceso de renegociación fue beneficioso o contrario a los intereses nacionales habría que establecer comparaciones y aquello no es posible porque Ecuador fue el único país emergente que incumplió el pago de los Bonos Brady. “Los intereses que el país paga por los Bonos Global son altos, pero reflejan la falta de confianza de los agentes económicos en la estabilidad del país”, asegura él.
Por su parte, el ex presidente Noboa contraargumentó que la renegociación no solo no perjudicó al país, sino que le permitió reducir el capital de la deuda de $6 948 millones a $3 950 millones, con bonos pagaderos a 12 y 30 años.
No cabe duda de que la acusación de Febres Cordero responde a una evidente venganza política y que, con ella, se ha constatado una vez más la politización de la Justicia y, también, como en los vasos comunicantes, el fenómeno inverso: una nociva judicialización de la política.

El escandaloso vendaval político golpea sobre todo a la imagen internacional del país, que resulta maltrecha con un ex mandatario más que saldrá del país con el sambenito de la acusación de otro ex mandatario y con un saldo negativo por el descrédito de la institución judicial. En un país con esa imagen de canibalismo político, ¿cómo admirarse que se deban pagar altos intereses de los bonos de la renegociación de deuda externa?