Miércoles, 30 de julio del 2003

Asilo político y justicia ecuatoriana

Editorial del diario El Comercio

La columna que parte desde la caída y el asilo del vicepresidente Alberto Dahik continúa imperturbable, correspondiendo en esta oportunidad el atajo del asilo, al reciente presidente Constitucional Gustavo Noboa Bejarano. Este ultimo caso se produce -para mayor descrédito nacional- en medio de la mayor turbulencia política de los últimos tiempos. Intentos por desestabilizar al Presidente del Congreso Nacional; presiones de legisladores contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; renuncia de un magistrado de dicha instancia por supuesto enriquecimiento ilícito aumentando las vacantes del tribunal más alto de justicia del país.

Todo este caos enmarcado en la facilidad -en una administración de justicia generalmente lenta - de dos figures jurídicas que son claves para comprender el desconcierto nacional que existe. La ligera tipificación de uno de los delitos mas graves y complejos como es el peculado y la agilidad con que se dictan medidas tutelares, con especial predilección por la orden de prisión preventiva.

La situación adquiere mayor gravedad cuanto los otros actores, que por su protagonismo, pueden sufrir igual asedio permanecen indiferentes. No se pronuncian ni actúan en las evidencias de una incontestable influencia política sobre la administración de justicia, así como ante la falta de mecanismos en el ordenamiento constitucional que permita restaurar márgenes mínimos de seguridad jurídica. No existe un proceso constituyente convocado o funcionando como en 1998; la reforma política es un argumento desgastado por el actual Gobierno y en el Congreso no ha logrado articular ningún proceso serio de ajustes constitucionales.

Pero lo más grave en el caso del pedido de asilo político del ex presidente Noboa es que los fueros establecidos para altos funcionarios de Estado son precarios. Cuando existe la conjunción de fuerzas políticas en el Congreso Nacional, en la Fiscalía General o en las predilectas salas de la Corte Suprema se consigue la máxima posibilidad de venganza en el país: una prisión preventiva o el camino del asilo político.