| Quito, Viernes 1 de Agosto de 2003
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¿Qué nos pasa?
Por Marena Briones Velasteguí
De partida, debo aclarar tres cosas: la primera, que
los sucesos nacionales de los últimos días
han terminado por sumirme en un estado de estupor y
que por eso escribo estas líneas; la segunda,
que voy a hablar siempre en términos generales,
porque no tengo más alternativas; y la tercera,
que, aunque voy a aludir a un caso en concreto, mi intención
no es entrar a analizar particularidades procesales.
Esto último, porque quiero seguir defendiendo
la independencia con la que se debe administrar justicia
y, además, porque pienso que, en el asunto del
cual se lo acusa y hasta que se demuestre lo contrario,
Gustavo Noboa Bejarano todavía cuenta con pruebas
a favor de la presunción de que tomó la
decisión que entonces él creyó
más conveniente para el país.
Pues, bien, lo que me ha estremecido hasta los tuétanos
es lo que el caso ha sacado a flote respecto de nuestro
comportamiento individual y social como parte de una
colectividad llamada Ecuador, que carga a cuestas una
dolorosa historia de infortunios y vejámenes.
No sé si es que hemos llegado al colmo del cinismo,
o si es que en el camino perdimos la más elemental
de las brújulas para recobrar algo de una básica
razón, o si es que hemos padecido tanto que ahora
nos puede más el miedo que el reto de desmadejar
los entuertos. Veamos por qué: se acusa de "un
atraco o perjuicio de $9 000 millones" por las
condiciones en las que se renegoció la deuda
externa. Como ese tipo de intervenciones se mueve dentro
de márgenes amplios de evaluación de los
contextos, la acusación solo podría tener
asidero final si se llega a probar que fue tomada dolosamente
o que los acusados se enriquecieron con ella. Los medios
de comunicación aún no recogen nada clave
al respecto. Pero, además, tratándose
de un tema de esa naturaleza y con los protagonistas
que tiene, no hemos sido capaces de poner los límites
necesarios para discriminar la información y
quedarnos con la que sea inteligible, creíble
y confiable. En mi cabeza, por ejemplo, no encaja que
se afirme que en este país no hay persecuciones
políticas y que, al mismo tiempo, se propugne
la necesaria renovación de la Corte Suprema de
Justicia sosteniendo precisamente que está contaminada
de injerencias políticas.
Casi no hay día en que no reclamemos contra
la "politización de la justicia"; no
obstante, cuando tenemos la oportunidad de empujar una
actuación límpida, metemos la cabeza debajo
de la tierra y permitimos sin más que las amenazas
contra la marcha judicial se ventilen con bombos y platillos
y que se actúe contra normas constitucionales
expresas que garantizan el debido proceso. Permitimos
que nos engañen descaradamente, que los buenos
propósitos nos hagan caer en trampas, que las
pasiones personales maltraten al país. ¿Es
que no nos damos cuenta de que, aun buscando fines loables,
le hacemos el juego a las mismas perversiones que acusamos?
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