El Universo (04/agosto/2003)

Poderes fácticos

Por Simón Pachano

Si se asume el concepto usual de perseguido político, el ex presidente Gustavo Noboa no tendría aquella condición. No es el Gobierno ni es el Congreso quienes lo acosan e incluso no existe orden de prisión en su contra, pero nadie puede negar que hay persecución y que esta es estrictamente política. Los especialistas deberán determinar cómo se debe denominar en términos del derecho internacional a una situación de esta naturaleza, que difiere sustancialmente de las que dieron origen a la figura del asilo político. El elemento básico para que este se produzca es la condición de perseguido por parte de los poderes estatales, pero no está claro qué es lo que procede cuando la amenaza no se origina en esas esferas. Como parte de la tradición liberal, el derecho de asilo fue concebido como uno de los elementos de protección del individuo frente a los posibles abusos del Estado, pero no contempló la posibilidad de que esa protección pudiera hacerse necesaria también para frenar arremetidas de individuos o grupos sociales que no se encuentren directamente a cargo de la conducción de organismos públicos.
Es un asunto de difícil resolución para los estudiosos del derecho y sobre todo para quienes deben tomar las decisiones en materia de política internacional. Pese a que el gobierno de República Dominicana ha dado un paso significativo al anunciar que concederá el asilo, el problema central sigue pendiente ya que ha colocado al gobierno ecuatoriano en la difícil disyuntiva de negar o de otorgar el salvoconducto correspondiente. Ninguna de esas dos opciones traerá resultados felices para el Gobierno, lo que de paso explica la posición de neutralidad expresada por la Canciller frente al tema. La primera opción podría interpretarse como desconocimiento de convenios y acuerdos internacionales, pero también como aval de las tesis del Partido Social Cristiano. La segunda opción equivaldría a reconocimiento implícito de que en el país existe persecución política, aun cuando esta no se origine en el Gobierno.

Precisamente, ese es el punto más delicado de todo esto. No es conveniente para un gobierno reconocer la existencia de poderes fácticos cuya fuerza puede obligar a una persona –nada menos que a un ex presidente– a solicitar asilo a pesar de las garantías que pueda ofrecer ese mismo gobierno. No es un problema de la actual administración, que ha tratado de actuar con el mayor tino para proteger su difícil posición. Es un conflicto que viene afectando al país, a sucesivos gobiernos y a sus ciudadanos, desde hace ya varios años y que se ha ido profundizando con el andar del tiempo. Es una consecuencia del debilitamiento de las instituciones, pero también de una forma de entender la política que ha hecho del canibalismo su práctica normal, ha entronizado a poderes ilimitados, libres de cualquier control legal o ciudadano, que impiden el funcionamiento adecuado de los procedimientos democráticos. Mientras ellos existan, mientras de ellos dependan los destinos de la política nacional, la historia política se seguirá escribiendo en malolientes juzgados donde rigen órdenes y no procesos.