El Comercio, 6 de Agosto del 2003

Las medidas cautelares y la Primera Sala

A la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá dirimir sobre la procedencia de las medidas cautelares contra el ex presidente Gustavo Noboa, sin que este suceso de jurisdicción interna interfiera en el trámite de asilo que el ex mandatario ha solicitado a la República Dominicana; por el contrario, la situación es a la inversa, ya que el proceso internacional sí afectará al fundamento del trámite procesal cautelar.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando encausó al ex presidente, luego de la indagación de la Ministra Fiscal General, coincidió en que existían razones para presumir la existencia de un delito de acción pública y una imputación del ex presidente; sin embargo, no consideró necesario -probablemente por la calidad de ex presidente constitucional- asegurarse con la privación de la libertad del acusado para que esté al alcance de la justicia, incluyendo penas contra su libertad si estas procedieren en derecho.
El criterio de la Ministra Fiscal General es absolutamente diferente.

Ella no solo presume una imputabilidad de delito sino que considera que por vindicta pública debe asegurarse la presencia del ex mandatario y por ende dictar la medida cautelar correspondiente, que en este caso es la de arresto domiciliario. La preocupación de la funcionaria no solo llegó a pedir al máximo representante de la Función Judicial que así proceda en su ámbito de jurisdicción sino que, al no haberlo conseguido, apeló no en lo fundamental que es la imputación, sino de lo accesorio que es la referida medida cautelar.

La situación de los ministros de la Primera Sala es delicada puesto que el asilo diplomático -protección internacional en el territorio de una embajada- le quita sustento a la preocupación de la Ministra Fiscal Genera por asegurarse la presencia del acusado; pues, dictar la medida solicitada, aun a sabiendas de que será imposible privarlo de la libertad, daría más fundamento a la presunción de que el caso tiene un propósito de retaliación política.