Quito, Miércoles 13 de Agosto de 2003 Diario Hoy

CONTRAPUNTO
"Terrorismo administrativo"

Por Diego Cornejo Menacho

El representante de una compañía extranjera, con planes de inversión y trabajo en Ecuador, me ha dicho que ha llegado a la conclusión de que en el país existe lo que se podría calificar de ‘terrorismo administrativo’, que ha paralizado la gestión gubernamental.
En virtud de este síndrome, todos, dignatarios, personajes y burócratas con mucha o poca capacidad de decisión, incluido el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, le han tomado pánico a poner su firma en los proyectos o programas en los que estén en juego apreciables cantidades de dólares.
Sucede esto incluso en obras que ya han estado concesionadas y, sin embargo, la política es recomenzar todo, revisar toda la documentación, pedir nuevos informes a los organismos de control y al abogado del Estado. En esto se ha pasado el Gobierno los primeros seis meses de su gestión, y ello contribuye a explicar que en ese tiempo ha sido incapaz de definir e implantar una política petrolera nítida, aunque la economía futura del país depende de los ingresos petroleros tanto como el cerebro del oxígeno que le bombea el corazón. El fenómeno no ocurre exclusivamente en el ámbito petrolero. Es evidente también en los grandes proyectos hidroeléctricos y en empresas cuya modificación radical en la administración no puede esperar más, en las que el mayor accionista es el Fondo de Solidaridad. Es decir, estamos en un país y ante un Gobierno con grandes planes pero con incapacidad de llevarlos a la práctica.
¿Cómo explicar este fenómeno?
Aparte de la inexperiencia en el manejo del sector público -que pudo justificarse durante un par de meses-, está la obsesión en la lucha contra la corrupción. Tal propósito que comparten todos los ecuatorianos, de dientes para afuera, es particularmente visible en la conciencia del jefe de Estado, a juzgar por sus reacciones cuando algún diputado, por ejemplo, ha pretendido involucrarlo en una acusación de cohecho. Esa militancia anticorrupción, aparentemente es incongruente con la urgencia de tomar decisiones administrativas.
Pero no es solo eso. El prontuario de ex presidentes, ex vicepresidentes, ex ministros, ex gerentes de empresas estatales que se han refugiado en el exterior, para eludir acusaciones penales, está contribuyendo a este ‘terrorismo administrativo’, especialmente en funcionarios inexpertos.
Todo esto es ocasionado por la judicialización de la política, un concepto cada vez más usado en los medios políticos e informativos, que permite comprender una perversión de la dinámica política en Ecuador, causada por influencias no deseadas en la Función Judicial y por el poder económico, que sirve de guillotina a conocidos líderes nacionales.
Una parálisis administrativa no es compatible con la necesidades que tiene el país, en este momento. Significa inseguridad jurídica para los inversionistas del exterior, pero también para los burócratas, en cuyo futuro puede echarse la carta de la prisión o del exilio, lo que hoy se traducirá en miedo.