ID y PSC enfrentados por la denuncia de Bermeo (20/junio/2003)

QUITO

Congreso debatió ayer sobre dos resoluciones respecto a las supuestas presiones en CSJ.

En una hora y media de debates, ayer en el Congreso se presentaron dos resoluciones en torno a la denuncia que presentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Bermeo, respecto a las supuestas presiones políticas recibidas por el magistrado para emitir sus fallos.

La comisión de Fiscalización del Congreso Nacional citó a Bermeo para el 1 de julio próximo, para que explique el proceso que siguió la CSJ en la compra del edificio de Filanbanco.

La primera resolución la presentó la diputada socialcristiana, Cynthia Viteri, donde pide al Presidente de la Corte que señale: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y quiénes fueron los testigos de las amenazas que supuestamente ha recibido y de qué se trataba la presión, que dice, sufrió por parte de algunos políticos respecto a su tratamiento en ciertos casos.

Viteri cuestionó que algunos diputados hayan atribuido la acusación al Partido Social Cristiano. Dijo que hablar sin nombres generaliza la denuncia, porque también se puede decir que otro alto político es Abdalá Bucaram o Rodrigo Borja, donde algunos de sus militantes tienen causas pendientes.

La segunda resolución la presentó el diputado Luis Villacís (MPD) respaldando a Bermeo y pidiéndole que sancione al o los responsables de las presiones.

Los diputados Carlos González (ID), Antonio Posso (Pachakutik) y Roberto Rodríguez (PRE), comentaron que la denuncia de Bermeo confirma la tesis de que son los socialcristianos los que mantienen “secuestrada” a la Corte.

González dijo que los diputados Pascual del Cioppo y José Javier Varas (PSC), a través de cartas, pedían la designación de los conjueces permanentes, pues “el objetivo era sacar al conjuez de la Segunda Sala de lo Penal”.

Para presionar la elección del candidato socialcristiano, agregó González, los magistrados afines al PSC, desde hace tres meses, dejaron sin quórum las sesiones de la CSJ para que no se puedan nombrar a los nuevos ministros.

Luego vino la sindicación penal llamando a juicio plenario por peculado a los hermanos Isaías, la sindicación penal a los ex ministros Carlos Julio Emanuel y Patricio Jamriska por peculado, cuyos casos se tramitan en la Segunda Sala.

A esto se sumó la denuncia del diputado León Febres-Cordero (PSC) cuyo objetivo, relató González, es apresar al ex mandatario, Gustavo Noboa.

Para ello, la Ministra Fiscal pidió al Presidente CSJ que solicite autorización al Congreso para enjuiciarlo, pero se devolvió el pedido porque la inmunidad se levanta para los mandatarios en ejercicio.