Los argumentos de la defensa de Gustavo Noboa Bejarano

Diario Expreso, 26 de diciembre de 2004

El 22 de mayo de 2003, la fiscal Mariana Yépez inició la indagación previa #099 contra Gustavo Noboa Bejarano, de acuerdo a la denuncia presentada por el Ing. León Febres Cordero sobre la “irregular negociación de la deuda externa del Ecuador en el canje de bonos Brady y Eurobonos por bonos globales”.

Los motivos fueron tres: causaron perjuicio al país de 9 mil millones de dólares por no haber utilizado el mecanismo de la facilidad petrolera en la renegociación de la deuda externa; destinar bonos globales para el pago de honorarios a la empresa Salomón Smith & Barney; y destinar bonos globales para sostener la situación financiera de los bancos estatales Pacífico y Filanbanco.

Los dos primeros puntos dieron lugar al inicio de otras instrucciones que concluyeron con dictámenes acusatorios en los que intervino por la Fiscalía, la doctora Ana Maria Crespo. Sobre el primer motivo, cuya indagación se mantuvo hasta el desistimiento de la acusación por la misma funcionaria, la defensa del ex presidente Noboa calificó como “un absurdo y patético caso a la comisión de un delito tipificado en el tercer articulo innumerado agregado después del 257 del Código Penal, identificado como 257C”, pues la decisión de efectuar la renegociación de la deuda externa y la optima utilización de los recursos del Feirep para minimizar el costo actual de dicha deuda, en los términos indicados, es absolutamente discrecional y en modo alguno constitutiva de delito. Además de acuerdo al análisis financiero realizado, la deuda en bonos Global fue mejor alternativa de financiamiento que la deuda en bonos Brady y Eurobonos porque otorgo liquidez al presupuesto fiscal durante los primeros 15 años, no generó costos financieros adicionales y se aprovecharon los descuentos.

Sobre los nueve hechos analizados por la Contraloría General de la Nación, solo uno tiene relación con Gustavo Noboa: el de la creación de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, por estar en aparente contradicción con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Sin embargo, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional publicada en el Registro Oficial del 13 de Noviembre de 2003, “al crear la Comisión no existió violación legal y no cabe ni siquiera responsabilidad administrativa”. Finalmente, los peritos posesionados por el Dr. Alfredo Alvear Enriquez, Director General de Asesoría Subrogante de la Ministra Fiscal General, Patricio Ortega y Hugo de la Torre demostraron que la operación de los bonos fue ventajosa para Ecuador.

La indagación, según la defensa, debió terminar el 22 de mayo de 2004.